¿la revolución ciudadana tiene quien la defienda?

por Boaventura de Sousa Santos /

Rafael Correa es el gran modernizador del capitalismo ecuatoriano, el hombre que dotó al sistema político de una estabilidad que hace décadas no tenía. Encarna como nadie la encrucijada de la izquierda latinoamericana. Busca reconstruir el Estado-Nación y ve a la plurinacionalidad indígena como una amenaza. Enfrenta al neoliberalismo al tiempo que incorpora sus concepciones. Da vía libre al extractivismo como forma de generar riqueza para distribuir entre sus víctimas. El reconocido intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos escribe para Crisis sobre los límites de una política y un liderazgo que habla en nombre de la sociedad civil mientras rechaza su potencialidad.

(Traducción de Antoni Aguiló)

Los intelectuales de América Latina, entre los que me considero por adopción, han cometido dos tipos de errores en sus análisis de los procesos políticos de los últimos cien años, sobre todo cuando contienen elementos nuevos, ya sean ideales de desarrollo, alianzas para construir el bloque hegemónico, instituciones, formas de lucha, estilos de hacer política. Por supuesto, los intelectuales de derecha también han cometido muchos errores, pero aquí no me ocuparé de ellos.

El primer error ha consistido en no hacer un esfuerzo serio para comprender los procesos políticos de izquierda que no encajan fácilmente en las teorías marxistas y no marxistas heredadas. Las primeras reacciones a la Revolución cubana son un buen ejemplo. El segundo tipo de error ha consistido en silenciar, por complacencia o temor de favorecer a la derecha, las críticas de los errores, desviaciones y hasta perversiones por las que han pasado estos procesos, perdiendo así la oportunidad de transformar la solidaridad crítica en instrumento de lucha.

Desde 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, la izquierda latinoamericana ha vivido el período más brillante de su historia y tal vez uno de los más brillantes de la izquierda mundial. Obviamente, no podemos olvidar los primeros momentos de las revoluciones rusa, china y cubana, ni tampoco los éxitos de la socialdemocracia europea durante la posguerra. Pero los gobiernos progresistas de los últimos quince años son particularmente notables por varias razones: se producen en un momento de gran expansión del capitalismo neoliberal ferozmente hostil a proyectos nacionales en divergencia con él; son internamente muy diferentes, dando cuenta de una diversidad de la izquierda hasta entonces desconocida; nacen de procesos democráticos con una elevada participación popular, ya sea institucional o no institucional; no exigen sacrificios a las mayorías en nombre de un futuro glorioso, sino que tratan, por el contrario, de transformar el presente de quienes nunca tuvieron acceso a un futuro mejor.

Escribo este texto siendo muy consciente de la existencia de los errores mencionados y sin saber si tendré éxito en evitarlos. Además, me centro en el caso más complejo de todos los que constituyen el nuevo período de la izquierda latinoamericana. Me refiero a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, en el poder desde 2006. Para empezar, algunos puntos de partida. En primer lugar, se puede discutir si los gobiernos Correa son de izquierda o de centroizquierda, pero me parece absurdo considerarlos de derecha, como pretenden algunos de sus opositores de izquierda. Dada la polarización instalada, creo que estos últimos sólo reconocerán que Correa fue en última instancia de izquierda o centroizquierda en los meses (o días) siguientes a la eventual elección de un gobierno de derecha. En segundo lugar, es opinión ampliamente compartida que Correa ha sido, “a pesar de todo”, el mejor presidente que Ecuador ha tenido en las últimas décadas y el que ha garantizado mayor estabilidad política después de muchos años de caos. En tercer lugar, no cabe duda de que Correa ha emprendido la mayor redistribución de la renta de la historia de Ecuador, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento de las clases medias. Nunca tantos hijos de las clases trabajadoras llegaron a la universidad. ¿Pero por qué todo esto, que es mucho, no es suficiente para tranquilizar al “oficialismo” y convencerlo de que el proyecto de Correa, con o sin él, proseguirá después de 2017 (próximas elecciones presidenciales)?

Aunque Ecuador vivió en el pasado algunos momentos de modernización, Correa es el gran modernizador del capitalismo ecuatoriano. Por su amplitud y ambición, el programa de Correa tiene algunas similitudes con el de Kemal Atatürk en la Turquía de las primeras décadas del siglo XX. Ambos están presididos por el nacionalismo, el populismo y el estatismo. El programa de Correa se basa en tres ideas principales. La primera es la centralidad del Estado como conductor del proceso de modernización y, vinculada a ella, la idea de soberanía nacional, el antiimperialismo estadounidense (cierre de la base militar de Manta; expulsión de personal militar de la embajada de Estados Unidos; lucha agresiva contra Chevron y la destrucción ambiental que ha causado en la Amazonia) y la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios públicos. “Sin perjudicar a los ricos”, es decir, sin alterar el modelo de acumulación capitalista, la segunda idea consiste en generar con urgencia recursos que permitan llevar a cabo políticas sociales (compensatorias, en el caso de la redistribución de la renta, y potencialmente universales, en el caso de la salud, la educación y la seguridad social) y construir infraestructuras (carreteras, puertos, electricidad, etc.) con el fin de volver a la sociedad más moderna y equitativa. La tercera idea implica que, por estar todavía subdesarrollada, la sociedad no está preparada para altos niveles de participación democrática y ciudadanía activa, que pueden resultar disfuncionales para el ritmo y la eficacia de las políticas en curso. Para que esto no ocurra, hay que invertir mucho en educación y desarrollo. Hasta entonces, el mejor ciudadano es aquel que confía en el Estado, porque éste sabe mejor que él cuál es su verdadero interés.

¿Este vasto programa choca o no con la Constitución de 2008, considerada una de las más progresistas y revolucionarias de América Latina? Veámoslo. La Constitución apunta a un modelo alternativo de desarrollo (e incluso a una alternativa al desarrollo) fundada en la idea del buen vivir, una idea tan nueva que sólo puede formularse correctamente en una lengua no colonial, el quechua: sumak kawsay. Esta idea presenta desdoblamientos muy interesantes: la naturaleza como ser vivo y, por tanto, limitado, sujeto y objeto de cuidado, y nunca como recurso natural inagotable (los derechos de la naturaleza); la economía y la sociedad intensamente pluralistas, orientadas por la reciprocidad, la solidaridad, la interculturalidad y la plurinacionalidad; Estado y política con un carácter altamente participativos, involucrando diferentes formas de ejercicio democrático y de control ciudadano del Estado.

Para Correa (casi) todo esto es importante, pero se trata de un objetivo a largo plazo. A corto plazo, y de manera urgente, es necesario crear riqueza para redistribuir los ingresos, realizar políticas sociales e infraestructuras esenciales para el desarrollo del país. La política tiene que asumir un carácter sacrificial, dejando de lado lo que más valora para que un día pueda rescatarlo. Así, es necesario intensificar la explotación de recursos naturales (minería, petróleo, agricultura industrial) antes de que sea posible depender menos de ellos. Para ello, es preciso llevar a cabo una agresiva reforma de la educación superior y una vasta revolución científica basada en la biotecnología y la nanotecnología para crear una economía del conocimiento a medida de la riqueza de la biodiversidad del país. Todo esto sólo dará frutos (que se dan por ciertos) dentro de muchos años.

A la luz de esto, el Parque Nacional Yasuní, tal vez el más rico en biodiversidad del mundo, tiene que ser sacrificado y la explotación petrolera realizada, a pesar de las promesas iniciales de no hacerlo, no sólo porque la comunidad internacional no colaboró en la propuesta de no explotación, sino sobre todo porque los ingresos previstos derivados de la explotación están vinculados a inversiones en curso y su financiación por países extranjeros (China) tiene como garantía la explotación petrolera. En esta línea, los pueblos indígenas que se han opuesto a la explotación son vistos como obstáculos al desarrollo, víctimas de la manipulación de dirigentes corruptos, políticos oportunistas, ONG al servicio del imperialismo o jóvenes ecologistas de clase media, ellos mismos manipulados o simplemente inconsecuentes.

La eficiencia exigida para llevar a cabo tan amplio proceso de modernización no puede verse comprometida por el disenso democrático. La participación ciudadana es bienvenida, pero sólo si es funcional y eso, de momento, sólo puede garantizarse si recibe una mayor orientación del Estado, es decir, del Gobierno. Con razón, Correa se siente víctima de los medios de comunicación que, como ocurre en otros países del continente, están al servicio del capital y la derecha. Trata de regular los medios de comunicación y la regulación propuesta tiene aspectos muy positivos, pero a la vez tensa la cuerda y polariza las posiciones de tal modo que de ahí a la demonización de la política en general hay un corto paso. Periodistas son intimidados, activistas de movimientos sociales (algunos con una larga tradición en el país) son acusados de terrorismo y la consecuente criminalización de la protesta social parece cada vez más agresiva. El riesgo de transformar adversarios políticos, con los que se discute, en enemigos que es necesario eliminar, es grande. En estas condiciones, el mejor ejercicio democrático es el que permite el contacto directo de Correa con el pueblo, una democracia plebiscitaria de nuevo tipo. Al igual que Chávez, Correa es un comunicador brillante y sus habituales apariciones semanales en los programas de radio y televisión de los sábados (“sabatinas”) son un ejercicio político de gran complejidad. El contacto directo con los ciudadanos no tiene como objetivo que estos participen en las decisiones, sino más bien que las ratifiquen mediante una socialización seductora que se presenta desprovista de contradicción.

Con razón, Correa considera que las instituciones del Estado nunca han sido social o políticamente neutrales, pero es incapaz de distinguir entre neutralidad y objetividad en base a procedimientos. Por el contrario, piensa que las instituciones estatales deben involucrarse activamente en las políticas del Gobierno. Por eso es natural que el sistema judicial sea demonizado si toma alguna decisión hostil al Gobierno y celebrado como independiente en caso contrario; que la Corte Constitucional se abstenga de decidir sobre cuestiones polémicas (como en el caso de la comunidad de La Cocha en materia de justicia indígena) si las decisiones pueden perjudicar lo que se juzga el interés superior del Estado; que un dirigente del Consejo Nacional Electoral, encargado de verificar las firmas para una consulta popular sobre la no explotación de petróleo en Yasuní, promovida por el movimiento Yasunidos, se pronuncie públicamente contra la consulta antes de efectuar la verificación. La erosión de las instituciones, típica del populismo, es peligrosa sobre todo cuando estas no son fuertes desde el principio debido a los privilegios oligárquicos de siempre. Y es que cuando el líder carismático abandona la escena (como ocurrió trágicamente con Hugo Chávez), el vacío político alcanza proporciones incontrolables debido a la falta de mediaciones institucionales.

Y esto resulta aún más trágico en cuanto es cierto que Correa ve su papel histórico como la construcción del Estado-nación. En tiempos de neoliberalismo global, el objetivo es importante e incluso decisivo. No obstante, se le escapa la posibilidad de que este nuevo Estado-nación sea institucionalmente muy diferente del modelo de Estado colonial o Estado criollo y mestizo precedente. Por eso, la reivindicación indígena de la plurinacionalidad, en vez de ser manejada con el cuidado que la Constitución recomienda, es demonizada como peligro para la unidad (es decir, la centralidad) del Estado. En lugar de diálogos creativos entre la nación cívica, que consensualmente es la patria de todos, y las naciones étnico-culturales, que exigen respeto por la diferencia y autonomía relativa, se fragmenta el tejido social, centrándose más en los derechos individuales que en los colectivos. Los indígenas son ciudadanos activos en construcción, pero las organizaciones indígenas independientes son corporativas y hostiles al proceso. La sociedad civil es buena siempre que no esté organizada. ¿Una insidiosa presencia neoliberal dentro del postneoliberalismo?

Se trata, por tanto, del capitalismo del siglo XXI. Hablar del socialismo del siglo XXI es, por el momento, y en el mejor de los casos, un objetivo lejano. A la luz de estas características y contradicciones dinámicas que el proceso dirigido por Correa contiene, centroizquierda es quizá la mejor manera de definirlo políticamente. Tal vez el problema resida menos en el Gobierno que en el capitalismo que él promueve. Paradójicamente, parece componer una versión postneoliberal del neoliberalismo. Cada remodelación ministerial ha producido el fortalecimiento de las élites empresariales vinculadas a la derecha. ¿Será que el destino inexorable del centroizquierda es deslizarse lentamente hacia la derecha, tal y como ha sucedido con la socialdemocracia europea? Si esto ocurriese, sería una tragedia para el país y el continente. Correa generó una megaexpectativa, pero perversamente la manera en que pretende que no se convierta en una megafrustración corre el riesgo de apartar a los ciudadanos, como quedó demostrado en las elecciones locales del pasado 23 de febrero, en las que el movimiento Alianza País, que lo apoya, sufrió un fuerte revés. Cuesta creer que el peor enemigo de Correa es el propio Correa. Al pensar que tiene que defender la Revolución ciudadana de ciudadanos poco esclarecidos, malintencionados, infantiles, ignorantes, fácilmente manipulables por políticos oportunistas o enemigos procedentes de la derecha, Correa corre el riesgo de querer hacer la revolución ciudadana sin ciudadanos, o lo que es lo mismo, con ciudadanos sumisos. Los ciudadanos sumisos no luchan por aquello a lo que tienen derecho, sólo aceptan lo que les es dado. ¿Puede aún Correa rescatar la gran oportunidad histórica de llevar a cabo la Revolución ciudadana que se propuso? Pienso que sí, pero el margen de maniobra es cada vez más reducido y los verdaderos enemigos de la Revolución ciudadana parecen estar cada vez más cerca del Presidente. Para evitar esto, y en solidaridad con la Revolución ciudadana, todos debemos contribuir a impulsarla.

A tal efecto, identifico tres tareas básicas. En primer lugar, hay que democratizar la propia democracia, combinando democracia representativa con verdadera democracia participativa. La democracia que se construye únicamente desde arriba siempre corre el riesgo de convertirse en autoritarismo en relación con los de abajo. Por mucho que le cueste, Correa tendrá que sentirse suficientemente seguro de sí mismo para, en lugar de criminalizar el disenso (siempre fácil para quien tiene el poder), dialogar con los movimientos, las organizaciones sociales y con los jóvenes yasunidos, aunque los considere “ecologistas infantiles”. Los jóvenes son los aliados naturales de la Revolución ciudadana, de la reforma de la educación superior y de la política científica, si ésta se lleva a cabo con sensatez. Alienar a los jóvenes parece un suicidio político.

En segundo lugar, hay que desmercantilizar la vida social, no sólo a través de políticas sociales, sino también a través de la promoción de economías no capitalistas, campesinas, indígenas, urbanas, asociativas. Ciertamente, no está en consonancia con el buen vivir entregar bonos a las clases populares para que se envenenen con la comida basura que inunda los centros comerciales. La transición al postextractivismo se hace con cierto postextractivismo y no con la intensificación del extractivismo. El capitalismo, abandonado a sí mismo, sólo conduce a más capitalismo, por trágicas que sean las consecuencias.

En tercer lugar, hay que compatibilizar la eficiencia de los servicios públicos con su democratización y descolonización. En una sociedad tan heterogénea como la ecuatoriana, hay que reconocer que el Estado, para ser legítimo y eficaz, tiene que ser un Estado heterogéneo, conviviendo con la interculturalidad y, de manera gradual, con la propia plurinacionalidad, siempre en el marco de la unidad del Estado garantizada por la Constitución. La patria es de todos, pero no tiene que ser de todos de la misma manera. Las sociedades que fueron colonizadas todavía hoy están divididas en dos grupos de poblaciones: los que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Los que no pueden olvidar son aquellos que tuvieron que construir como suya la patria que comenzó siéndoles impuesta por extranjeros; los que no quieren recordar son aquellos a los que les cuesta reconocer que la patria de todos tiene en sus raíces una injusticia histórica que está lejos de ser eliminada y que es trabajo de todos eliminarla gradualmente.