miércoles, 2 de marzo de 2011

Doctrina de choque, EE.UU.

Aquí va una idea: Quizá Madison, en Wisconsin, no sea El Cairo después de todo. Quizá es Bagdad –específicamente– Bagdad en el 2003, cuando la administración Bush puso a Irak bajo el gobierno de funcionarios elegidos por su lealtad y confiabilidad política, en vez de por su experiencia y competencia.

Como pudieran recordar muchos lectores, los resultados fueron espectaculares de una manera negativa. En vez de concentrarse en problemas urgentes de una economía y sociedad destrozadas, las cuales descenderían pronto a una cruenta guerra civil, esos designados de Bush estaban obsesionados con imponer una visión ideológica de tipo conservador. De hecho, con los saqueadores aún merodeando por las calles de Bagdad, L. Paul Bremer, el representante del gobierno estadounidense, le dijo a un reportero del Washington Post que una de sus máximas prioridades era “‘corporatizar’ y privatizar empresas paraestatales” –en las palabras de Bremer, no del reportero–, así como “alejar a la población de la idea de que el Estado mantiene todo”.

La historia de la Coalición de la Autoridad Provisional, obsesionada con la privatización, fue el elemento central del libro de Naomi Klein entre los más vendidos, The Shock Doctrine, en el cual argumentó que había formado parte de un patrón más amplio. Desde Chile en los años setenta en adelante, sugirió, ideólogos conservadores han explotado crisis a fin de pugnar por una agenda que no tiene nada que ver con resolver esas crisis, y todo con imponer su visión de una sociedad más severa, más desigual y menos democrática.

Lo cual nos lleva a Wisconsin en el 2011, donde la doctrina de choque está plenamente de manifiesto.

En semanas recientes, Madison ha sido centro de grandes manifestaciones en contra de la iniciativa presupuestal dólar gobernador, la cual les negaría derechos colectivos de negociación a empleados del sector público. El gobernador Scott Walker alega que necesita aprobar su iniciativa de ley para lidiar con los problemas fiscales de la entidad. Sin embargo, su embate sobre los sindicatos no tiene nada que ver con el presupuesto. De hecho, esos sindicatos ya indicaron su voluntad de hacer considerables concesiones de tipo financiero, oferta que el gobernador ya rechazó.

Lo que está pasando en Wisconsin, más bien, es una lucha por el poder: un esfuerzo por explotar la crisis fiscal para destruir el último gran contrapeso al poder político de corporaciones y los ricos. Además, esta lucha por el poder va más allá de reventar a los sindicatos. La iniciativa de ley en cuestión tiene 144 páginas de largo, y hay algunos elementos ocultos muy adentro.

Por ejemplo, la iniciativa incluye lenguaje que permitiría que funcionarios designados por el gobernador aplicaran extensas reducciones en la cobertura de salud para familias de bajos ingresos sin tener que pasar por el proceso legislativo normal.

Además está lo siguiente: “A pesar de ss. 13.48 (14) (am) y 16.075 (1), el departamento pudiera vender cualquier planta paraestatal de calefacción, enfriamiento y generación de electricidad o podría contratar a una entidad privada para la operación de cualquier planta de este tipo, con o sin proceso de licitación, por cualquier cantidad que el departamento determine que está en el mejor interés del Estado. A pesar de ss. 196.49 y 196.80, no hace falta una sola aprobación o certificación de la comisión de servicio público para comprar o contratar para la operación de una planta de este tipo, y se considera que cualquier compra de este tipo está en el interés público y que cumple con los criterios para certificación de un proyecto bajo s. 196.49 (3) (b)”.

¿Qué es eso? El estado de Wisconsin es dueño de diversas plantas que suministran calefacción, enfriamiento y electricidad a empresas de servicio público manejadas por el Estado (como la Universidad de Wisconsin). El lenguaje de la iniciativa del presupuesto, en efecto, permitiría que el gobernador privatizara cualquiera o todas estas instalaciones a voluntad. No solamente eso, podría venderlas, sin un proceso de licitación, a cualquier persona que él quiera. Además noten que cualquier venta de ese tipo, por definición, “se consideraría que está en el interés público”.

Si lo anterior le suena como una trampa perfecta para el amiguismo y lucrar excesivamente –¿recuerdan esos miles de millones de dólares faltantes en Irak?–, usted no es el único. De hecho, hay suficientes mentes sospechando que Koch Industries, perteneciente a los hermanos multimillonarios que están teniendo una gran participación en el impulso de Walker en contra de los sindicatos, se sintió obligada a negar su interés en la adquisición de cualquiera de esas plantas de generación de electricidad. ¿Ya se siente usted tranquilo?

La buena noticia desde Wisconsin es que el aumento de la indignación popular – auxiliado por las maniobras de los demócratas en el Senado estatal, quienes se ausentaron para negarles el quórum a los republicanos– ha desacelerado la expulsión forzosa. Si el plan de Walker era impulsar su iniciativa de ley antes de que nadie tuviera una oportunidad de percatarse de sus verdaderos objetivos, ese plan ya fue frustrado. Además, los sucesos en Wisconsin pudieran haberles dado pausa a otros gobernadores republicanos, quienes al parecer están dando marcha atrás respecto de movimientos similares.

Pero no esperen que Walker o el resto de su grupo modifique esos objetos. La privatización y reventar a los sindicatos aún son prioridades del Partido Republicano, y seguirá con sus esfuerzos por meter de contrabando esas prioridades en nombre de los presupuestos balanceados.

© 2011 The New York Times News Service

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